El pasado 17 de febrero se aprobó la nueva ley de protección al denunciante.
Esta ley, protegerá a todas aquellas personas que informen sobre infracciones de cumplimiento normativo y es clave en la lucha contra la corrupción. Tiene como base de aplicación una directiva europea del año 2019, y establece sanciones de hasta un millón de euros para quienes establezcan represalias contra los denunciantes.